¡A ver si empiezan a hacernos caso!
Excluye a las Cortes Generales y al Gobierno de la nación de posteriores procesos de reforma
El Defensor del Pueblo admite la alegación y podría elevarla al Tribunal Constitucional
E. Gancedo León
Los servicios jurídicos de la asociación regional Pro Identidad Leonesa elevó hace unos días ante el Defensor del Pueblo una denuncia en la que se acusaba al nuevo estatuto de autonomía de Castilla y León de «inconstitucional». El Defensor del Pueblo ha admitido esta alegación y en unos meses habrá de emitir una respuesta o dictamen.
Como sólo determinadas instancias políticas o institucionales -entre ellas, el Defensor del Pueblo- pueden elevar denuncias al Tibunal Constitucional, Plataforma Pro Identidad Leonesa ha considerado que el envío de estas alegaciones al Defensor constituye el primer paso o peldaño para que el más alto tribunal se llegue a pronunciar sobre este particular. En concreto, el aspecto que según los abogados de la Plataforma «pudiera adolecer de un vicio de inconstitucionalidad» reside en el artículo 91 (titulado Reforma del estatuto ) del muy recientemente reformado estatuto de autonomía de Castilla y León. En su punto primero puede leerse: «La iniciativa de la reforma ante las Cortes de Castilla y León corresponderá a una tercera parte de sus miembros o a la Junta de Castilla y León...» y en su punto cuarto: «Las Cortes de Castilla y León podrán retirar con la mayoría cualificada que determine su reglamento la propuesta de reforma en cualquier momento de la tramitación en las Cortes Generales antes de que sea aprobada de forma definitiva».
La potestad es de las Cortes Teniendo en cuenta que la Constitución Española, en su artículo 147.3, dispone que la reforma de los estatutos «se ajustará (...) a la aprobación de las Cortes Generales» y en el 87.1 que la iniciativa legislativa «corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado», Plataforma Pro Identidad argumenta que el artículo 91 del actual estatuto de autonomía de Castilla y León adolece de inconstitucionalidad «en cuanto a los legitimados para iniciar la reforma del estatuto de autonomía de Castilla y León al excluir a las Cortes Generales y al Gobierno de la nación».
Como sólo determinadas instancias políticas o institucionales -entre ellas, el Defensor del Pueblo- pueden elevar denuncias al Tibunal Constitucional, Plataforma Pro Identidad Leonesa ha considerado que el envío de estas alegaciones al Defensor constituye el primer paso o peldaño para que el más alto tribunal se llegue a pronunciar sobre este particular. En concreto, el aspecto que según los abogados de la Plataforma «pudiera adolecer de un vicio de inconstitucionalidad» reside en el artículo 91 (titulado Reforma del estatuto ) del muy recientemente reformado estatuto de autonomía de Castilla y León. En su punto primero puede leerse: «La iniciativa de la reforma ante las Cortes de Castilla y León corresponderá a una tercera parte de sus miembros o a la Junta de Castilla y León...» y en su punto cuarto: «Las Cortes de Castilla y León podrán retirar con la mayoría cualificada que determine su reglamento la propuesta de reforma en cualquier momento de la tramitación en las Cortes Generales antes de que sea aprobada de forma definitiva».
La potestad es de las Cortes Teniendo en cuenta que la Constitución Española, en su artículo 147.3, dispone que la reforma de los estatutos «se ajustará (...) a la aprobación de las Cortes Generales» y en el 87.1 que la iniciativa legislativa «corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado», Plataforma Pro Identidad argumenta que el artículo 91 del actual estatuto de autonomía de Castilla y León adolece de inconstitucionalidad «en cuanto a los legitimados para iniciar la reforma del estatuto de autonomía de Castilla y León al excluir a las Cortes Generales y al Gobierno de la nación».
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