La chapuza del Estatuto

CARTAS AL DIRECTOR

Gonzalo Fernández-Valladares García

16/02/2008

Cuando el peripatético De Santiago Juárez, consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, salió a la palestra con la simpleza de recomendar tila a los promotores de la iniciativa, no hizo más que retratarse en su cortedad de miras. Ni en la peor de sus pesadillas ese personaje pudo imaginarse que una sencilla asociación ciudadana (Plataforma Pro Identidad Leonesa) pudiera tan siquiera plantearse el llevarle la contraria, trasladando sus desavenencias hasta el mismísimo Defensor del Pueblo. Este procedimiento abre el camino para un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.

Como tal circunstancia ponía en evidencia el arduo trabajo realizado por los dos partidos mayoritarios (de espaldas eso sí a toda la sociedad, tanto la castellana como la leonesa), no hay mejor defensa que un buen ataque aunque la primera víctima sea la democracia parlamentaria, total, para qué están sus señorías.

¿De qué sirven tribunales en sus diferentes instancias ni defensores de un pueblo cautivo de sus representantes? Ante la decisión soberana de los parlamentos al Poder Judicial sólo le queda una: callar. Con tales raciocinios jurídicos qué podemos esperar del resto del texto estatutario que surge de mentes tan preclaras y con un sentido tan alto de lo que es la democracia y la división de poderes.

Tenemos una clase política que no es un ejemplo de nada, ni del respeto a las leyes ni a las instituciones. Se creen una casta superior y diferente, muy por encima del resto de los mortales, que sólo podemos aspirar a trabajar para que con nuestros impuestos puedan subirse una y otra vez los sueldos, mientras a los demás nos piden austeridad y sacrificios. La palabra igualdad no va con ellos. A todo eso desgraciadamente nos hemos ido haciendo, como quien se acostumbra a vivir con el estigma de una grave enfermedad o con una tara física que nos devuelve el espejo cada vez que nos reflejamos en él.

A lo que no logramos acostumbrarnos es a su desfachatez cuando sin rubor pisotean todo aquello por lo que un día este país luchó hasta conseguir la democracia, cuando olvidan que fueron elegidos para representar al pueblo y no para defender los intereses de sus respectivos partidos y que instituciones como el Defensor del Pueblo deberían merecer todo su respeto porque representan en si mismas la idea de un sistema político que piensa en el ciudadano por encima de cualquier otra consideración.

Mucho nos tememos que el Defensor del pueblo se va ver sometido a presiones desde los poderes fácticos político-económicos dominantes, por lo que al ciudadano de a pié sólo le queda la opción del pataleo, y tal vez por eso desde la asociación Proidentidad Leonesa (http://www.proidentidadleonesa.org/) y previa consulta con expertos en derecho constitucional, se nos invita a presentar también la pertinente denuncia ante tan alta instancia, que se considera, de momento, el último recurso ante esta nueva injusticia.

Gonzalo Fernández-Valladares García. Médico y Miembro del colectivo Ciudadanos del Reinu de Llión